Es una idea común comprender que las constituciones y las leyes no son los únicos instrumentos normativos que rigen la actuación de los fiscales del Ministerio Público, sino que existen otros dispositivos jurídicos de rango sub-legal que tienen carácter vinculante para los funcionarios de la institución y que son dictados internamente por la máxima jerarquía del Ministerio Público para unificar sus criterios de actuación y organización. Esos instrumentos no pueden ser otros que las Circulares y los lineamientos jurídicos que adquieren permanencia y naturaleza obligatoria por conducto de nuestra doctrina interna.